Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico
La persona como concepto-guía en la formación de la cultura de los derechos fundamentales
Sin negar que la proclamación constitucional de unos derechos del individuo fuera el producto de procesos revolucionarios concretos (y en tal sentido, de cambios traumáticos cargados de ingredientes accidentales y novedosos), en el presente artículo se sostiene que la cultura de los derechos solo puede comprenderse a partir de un particular ethos de la libertad que procede de épocas muy anteriores y que puede ser estudiado, desde la Antigüedad tardía hasta la Revolución americana, siguiendo el hilo conductor de la noción filosófica de persona. Esa revisión de la génesis intelectual de los derechos puede servir también para abordar la interpretación de nuestra Constitución vigente, que define los derechos fundamentales como titularidades inherentes a la dignidad de persona al servicio del libre desarrollo de la personalidad.
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Criminal law is different: razones para no aplicar en derecho penal las obligaciones positivas de tutela derivadas de los derechos fundamentales
Este trabajo no discute que los Estados puedan estar obligados a proteger los derechos fundamentales frente a los ataques de que son objeto por parte de particulares. Pero se defiende que dichas obligaciones no alcanzan al derecho penal. En primer lugar, porque las razones que avalan la existencia de obligaciones de tutela en otras ramas del ordenamiento jurídico no son trasladables al derecho penal. Para demostrarlo, se compara cómo nacieron y se han aplicado, en la jurisprudencia del tribunal constitucional alemán, el efecto horizontal de los derechos fundamentales entre particulares en el derecho civil o laboral (Drittwirkung), por un lado, y los deberes de protección penal (strafrechtliche Schutzpflichte), por otro. En segundo lugar, porque en derecho penal estas obligaciones no funcionan como lo hacen en esos otros ámbitos: en el derecho penal debilitan los derechos fundamentales del acusado, reducen el ámbito legítimo de juego del legislador, y permiten a los tribunales constitucionales imponer en temas polémicos determinadas opciones de política criminal haciéndolas pasar por las únicas compatibles con el respeto a los derechos fundamentales. Esta tesis se ejemplifica con los casos del aborto y de la custodia de seguridad.
Una teoría asimétrica de las obligaciones positivas de protección penal derivadas de los derechos fundamentales
Varios tribunales constitucionales e internacionales han declarado que de los derechos fundamentales se derivan para el Estado obligaciones de protegerlos penalmente, conminando con penas las conductas que los lesionen gravemente, investigando estas conductas, persiguiendo a los culpables y castigándolos. En el presente trabajo se examinan las críticas de que ha sido objeto esta jurisprudencia, se ponen de manifiesto las razones que justifican la existencia de los derechos fundamentales a la protección penal y se advierte que entre ellos y los derechos fundamentales que los ciudadanos tienen frente al ejercicio por parte del Estado de su ius puniendi existen algunas asimetrías, relativas a: la necesidad de su salvaguarda constitucional; la deferencia que los tribunales deberían mostrar a la hora de enjuiciar si se han respetado tales derechos; la obligación de observar ciertas garantías formales para limitarlos; y las consecuencias jurídicas de su vulneración.
El derecho a la seguridad en tiempos iliberales
Los populistas de derechas han convertido el derecho a la seguridad en un arma para consolidar el poder autoritario y legitimar políticas represivas. Este artículo esboza en primer lugar esta tendencia y, a continuación, sitúa esta forma de «populismo de los derechos humanos» en el contexto de la más amplia historia del derecho a la seguridad dentro de la teoría, la política y el derecho de los derechos humanos. Sostiene que la fuerza legitimadora del derecho a la seguridad como un meta-derecho siempre ha albergado en sí misma el potencial de socavar el sistema de los derechos humanos en su conjunto, y que ahora que el derecho a la seguridad está en manos populistas hay que resistirse a él por motivos filosóficos, jurídicos y políticos.
Tres muestras de erosión de la legalidad por resoluciones del Tribunal Constitucional
En este texto se muestran tres ejemplos de erosión de la legalidad causada por resoluciones del Tribunal Constitucional español en las que ese Tribunal se aparta de su función de declarar el sentido del texto constitucional a través de razonamientos jurídicos y se adentra en el terreno del legislador, bien porque manipula una disposición legal, bien porque le dice al legislador lo que debe hacer o, finalmente, porque le impide continuar el proceso de debate y, en su caso, aprobación de una iniciativa legislativa.
Jurisprudencia penal desfavorable: gonna walk and don’t look back
La retroactividad de la jurisprudencia penal desfavorable constituye un dilema entre la seguridad jurídica y la protección que provee la norma penal (y a la que sirve la dependencia exclusiva del juez de la ley). Como afirma el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el dilema debe decantarse a favor de la irretroactividad siempre que se trate de un cambio de una línea jurisprudencial consolidada, sin excepciones y sin visos perceptibles de cambio.
prohibición de retroactividad desfavorable
Política criminal y proceso político democrático: los límites de la racionalidad y el papel de los expertos
Aunque en la bibliografía reciente son abundantes los análisis críticos de los procesos legislativos en materia penal, sin embargo, lo más usual es que la perspectiva adoptada sea bien un punto de vista estrictamente empírico (proporcionando una narración de dichos procesos), o bien uno de índole normativa (valorando la adecuación de los mismos y haciendo propuestas para mejorarlos). En cambio, no es frecuente que en dichos análisis se presente una teoría del proceso legislativo en cuestiones político-criminales que atienda a las características específicas que el proceso político reviste en las democracias contemporáneas de masas y de opinión pública. Y que, por ello, permita comprender adecuadamente las dinámicas causales (sociológicas, psicosociales y políticas) que condicionan los resultados posibles del debate político-criminal real (no el de los teóricos, sino el de los actores políticos) en tales sistemas políticos, así como el papel de los expertos dentro del mismo. Proponer un modelo para dicha teoría es precisamente el objetivo de este trabajo.
Democracia penal y posilustración. Lo que queda del constitucionalismo penal de los años 70
El presente trabajo realiza un análisis de la denominada crisis del principio de legalidad, a partir de un análisis histórico que toma como referencia el constitucionalismo penal, pero que se abre a otras cuestiones que inciden en la necesidad de repensar la dogmática creada alrededor de este principio, considerando los cambios en sus presupuestos estructurales derivados de la propia situación de conflicto en que se encuentra el poder legislativo, como fuente del derecho penal, y, en última instancia el debate político.
Presentación: la erosión del principio de legalidad en el sistema de justicia penal contemporáneo
Conflictos entre la dignidad y la libertad: una reformulación
Este artículo analiza los conflictos entre la dignidad humana y la libertad que surgen a la hora de decidir si ciertas prácticas sociales controvertidas deberían ser permitidas o prohibidas por el derecho. El autor sugiere que estos conflictos pueden comprenderse y tratarse mejor si se replantean como una discrepancia acerca de las condiciones necesarias para garantizar la libertad no sólo de los directamente implicados en esas prácticas sino de todos los miembros de la comunidad. Una de esas condiciones es la disposición de un amplio ámbito de no interferencia, y es la que reivindican quienes invocan la libertad. Otra de esas condiciones, igualmente importante, es la vigencia de prácticas sociales significativas y valiosas, y a ella se remiten quienes invocan la dignidad, considerando que promover tales prácticas y desalentar las que no lo son puede y debe hacerse por medios jurídicos.
La ley penal: manual de producción para el legislador honesto
Mediante una descripción densa de la tramitación de la LO 14/2022 se muestran dos fenómenos que vienen produciéndose en los últimos años en materia penal: en primer lugar, el intento (exitoso) de eludir las normas sobre elaboración de proyectos mediante el uso de proposiciones de ley; al respecto, se muestra empíricamente la evolución desde el uso mayoritario de proyectos hasta el de proposiciones de ley. En segundo lugar, la crasa infracción de las normas sobre procedimiento legislativo en el propio congreso, así como la muy limitada capacidad de evitación del TC, tanto por razones de diseño institucional (limitaciones del amparo parlamentario) como lentitud en la respuesta (más de un 75 % de las resoluciones llegan en otra legislatura). Ulteriormente, se analiza la doctrina del TC sobre las exigencias del amparo parlamentario y la supuesta necesidad de homogeneidad de las enmiendas, que se demuestra no se ha exigido realmente desde la en su momento esperanzadora STC 119/2011.
La paradoja de la heroicidad: la defensa de lo indefendible
El trabajo identifica, en primer lugar, lo que denomina la Paradoja de la Heroicidad. Que un abogado acepte como cliente a alguien que ha cometido crímenes horrendos genera habitualmente una fuerte crítica social. No obstante, algunos de estos abogados se consideran, y son considerados por sus pares, como héroes cuya conducta es elogiable. La paradoja radica en que mientras más son criticados socialmente como villanos más se perciben a sí mismos como héroes y más son elogiados por los otros abogados. En segundo lugar, a partir del Principio de no Responsabilidad, que forma parte de la concepción estándar de la ética de la abogacía, y de la noción de conducta supererogatoria, se muestra por qué, en ciertas circunstancias, la aceptación como cliente de alguien que ha cometido crímenes aberrantes es efectivamente digna de elogio y heroica. La hipótesis es que lo que conduce a la paradoja es que, entre estas circunstancias, se encuentra el hecho de que la conducta profesional sea criticada socialmente como inmoral o incorrecta.
Retos de la función jurisdiccional para un mundo interdependiente y ecodependiente
En un mundo en el que las relaciones jurídicas son interdependientes y en el que dependemos de los recursos naturales para mantener nuestro nivel de producción y consumo, un nutrido grupo de juristas y científicos avalan la necesidad de poner ciertos límites a la libertad del mercado para proteger adecuadamente los derechos humanos y, por tanto, la democracia. No hacerlo conlleva privar de futuro a las próximas generaciones. Se abre así ante la justicia un nuevo elenco de intereses dignos de tutela y de legitimación. Previsiblemente, la utilización de la tecnología —especialmente, de la inteligencia artificial— propiciará la aceleración y la complejización de la conflictividad, y los tribunales se verán enfrentados a la necesidad de resolver las nuevas controversias en escenarios globales, multinivel y, a menudo, anómicos. Los derechos de solidaridad y la diligencia debida de los Estados aparecen como conceptos clave en esta nueva era.
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Antisubordinación y discriminación algorítmica
La perspectiva antisubordinatoria del derecho antidiscriminatorio se basa en la noción de igualdad como no exclusión. Tal como opera actualmente en distintos contextos, la inteligencia artificial contribuye a la perpetuación de sistemas sociales de opresión/subordinación que generan exclusión. Este artículo analiza la dicotomía entre las corrientes anticlasificación y antisubordinación y el impacto de ambas perspectivas en el combate contra la discriminación algorítmica. A tal efecto, se estudian cuatro elementos clave para entender la perspectiva antisubordinatoria (los estereotipos, la no neutralidad, la descontextualización y la monocultura) que muestran que la misma crítica que se hace desde la perspectiva antisubordinatoria al Derecho puede dirigirse a la inteligencia artificial, dado que en estos dos ámbitos se verifica una concentración de poder. Finalmente, proponemos algunas medidas antisubordinatorias orientadas a hacer frente a la discriminación algorítmica.
Pasión de los fuertes. El derecho como tratado de pasiones
Tanto la función social de ese artefacto cultural que llamamos Derecho como el trabajo de los juristas pueden ser interpretados a la luz de su relación con las pasiones. Este trabajo discute las hipótesis complementarias del Derecho como pasión de los fuertes o como recurso de los débiles. Examina, en segundo lugar, algunas pasiones con las que se vincula al Derecho, entre ellas el poder, el odio y el resentimiento o la venganza y discute el modelo del jurista puro. Finalmente, propone el análisis de dos pasiones contradictorias: la pasión por el Derecho, que incluye el tipo extremo del afán de la justicia a todo trance, y la pasión por superar el Derecho como instrumento de mediación cial.
Inteligencia artificial y proceso penal; especial referencia a las medidas cautelares
El uso masivo de las nuevas tecnologías no solo influye en nuestra vida diaria, sino también en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Los importantes cambios que está experimentando la Administración de Justicia con la entrada de la digitalización se ven superados por la irrupción de la inteligencia artificial y su influencia en la actividad de los distintos operadores jurídicos. Si bien no son pocas las aplicaciones de la inteligencia artificial en el campo de la Justicia, la posibilidad de que esta tecnología pueda auxiliar al juez en la toma de decisiones —e incluso sustituirlo— es una las mayores preocupaciones actuales. Tras unas consideraciones de carácter introductorio, en estas páginas se analiza el uso de la inteligencia artificial en el campo de las medidas cautelares penales.
El dilema del razonamiento, motivación y decisión judicial algorítmica (IA): ¿la posibilidad de lo imposible?
Los modelos automatizados de decisión y la aparición de algunas inteligencias artificiales decisoras en sede judicial generan diversos interrogantes, entre ellos si la decisión judicial algorítmica es función judicial en sentido estricto, si es una decisión razonada, si está motivada, cuál es su grado de individualización y si el marco jurídico y las condiciones tecnológicas exigidas son suficientes para equiparar la decisión judicial humana a la decisión judicial algorítmica. Se abre un debate sobre el mantenimiento o la redefinición de numerosos principios como el de inmediación, el juez natural, la independencia judicial, la imparcialidad, la responsabilidad, cuestiones, todas ellas que, lejos de ser baladíes, comportan la necesidad de una reflexión pausada para garantizarlos adecuadamente. El objeto de este trabajo no es analizar estas cuestiones, sino centrarme en el examen de función judicial decisora algorítmica per se, en su significado y contenido desde la reflexión en torno a qué significa pensar como juez, razonar como juez, motivar como juez la decisión judicial, y sobre si este modo de pensar es extrapolable a un modelo computacional, una estructura tecnológica compleja o a una inteligencia artificial
Derecho del trabajo, inteligencia artificial y tutela de las personas
El Derecho del trabajo ha estado siempre condicionado por la evolución de la tecnología. En este momento, el contexto tecnológico se caracteriza por la digitalización y por la utilización de la Inteligencia Artificial (IA), avances que ha impactado en el ámbito del trabajo en general, no solo en el empleo asalariado. El objetivo de este artículo es doble: por un lado, analizar cómo afectan los sistemas de IA a las relaciones laborales y al mercado de trabajo; por otro, estudiar y valorar la respuesta del ordenamiento jurídico a este fenómeno. Los poderes públicos han reaccionado mediante la construcción de un verdadero «Derecho algorítmico» que tiene una relevante dimensión laboral, dado que las personas trabajadoras se ven potencialmente afectadas por la generalización del uso de sistemas de IA en las organizaciones en las que están empleadas. Se trata de una rama emergente del Derecho que se nutre de componentes de distinto origen y naturaleza y que presenta un alto grado de complejidad y sofisticación técnica.
Digitalización e inteligencia artificial en el seguro: manifestaciones y encaje legal
Este trabajo ofrece una panorámica de los cambios que está experimentando el contrato de seguro y su distribución debido a la introducción de la IA, que afectan a todas sus fases, desde la publicidad hasta la selección de riesgos, pasando por la comunicación con los asegurados, el control del riesgo durante el contrato, la gestión de siniestros y la prevención de fraudes. La evaluación de riesgos y la fijación de precios en los ramos de salud y vida es considerada como de alto riesgo por el Reglamento de inteligencia artificial con toda lógica, pues los riesgos de exclusión y discriminación entre asegurados requieren un control especial. Por otro lado, este fenómeno se manifiesta también en la aparición de nuevos tipos de contratos (telemáticos, on-demand, paramétricos) que se alejan netamente de los seguros clásicos. Por su parte, el embebimiento de seguros en las contrataciones online supone una ruptura con el modo de distribución tradicional. En fin, también se estudia el efecto que puede tener la aplicación de la EU Data Act en los seguros telemáticos.
El presente trabajo analiza varios casos prácticos de ética aplicada a la IA en los que, ya sea por error y/o introducción de sesgos en el diseño de los algoritmos, o bien por la comisión de alguna imprudencia en el proceso de supervisión humana del sistema algorítmico, resultaron afectados derechos y libertades de las personas que fueron víctimas de ese fallo técnico y/o humano. Por otra parte, se estudian los tres modelos éticos que pueden servir de referencia a los diseñadores y programadores de algoritmos para que, mientras no sea del todo autónoma y general, de acuerdo con el cambio de paradigma que presumiblemente conllevará la singularidad tecnológica, la IA siga manteniéndose fiel al legado ético del humanismo ilustrado, antropocéntrico y antropogénico.
Inteligencia artificial y Administraciones públicas: para qué y cómo
Existen distintos grados y formas de utilizar la tecnología digital en la actividad administrativa: desde la comunicación electrónica con los ciudadanos («administración electrónica») hasta la inteligencia artificial, pasando por la introducción de aplicaciones que roboticen actividades administrativas regladas. La inteligencia artificial, basada en predicciones algorítmicas (incluidos instrumentos de inteligencia artificial generativa y modelos fundacionales), puede servir, entre otras cosas, para concretar conceptos probabilísticos o predictivos (como el de «riesgo») o en fases preparatorias de la actividad de la Administración, por ejemplo a la hora de distribuir los recursos disponibles o de dirigir en otra dirección inspecciones o medidas de apoyo. Utilizarla para la adopción de decisiones finales es muy cuestionable, incluso por razones estructurales. En cuanto al control y regulación, es necesario distinguir la utilización de inteligencia artificial para elaborar y para justificar actuaciones administrativas.
Cuestiones actuales del Derecho de los Robots
La entrada de la robótica y de la inteligencia artificial en el mundo jurídico es un hecho y plantea algunos retos que han impulsado una nueva rama jurídica: el Derecho de los robots. En este trabajo repasamos las cuestiones actuales —y aún irresueltas en términos jurídicos— referidas al estatuto legal general de los robots y el reconocimiento de una eventual persona robótica, los desafíos de la interacción persona-robot, los problemas de responsabilidad civil y el impacto más urgente derivado de los coches autónomos y la sustitución de trabajadores por robots.
responsabilidad por accidentes de circulación de vehículos de motor
Presentación: Derecho e inteligencia artificial
El pin parental y su contradicción con el derecho a la educación sexual integral. España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Mediante el pin parental, los padres pueden objetar o vetar determinados contenidos de los programas educativos, por considerar que los mismos son contrarios a sus convicciones morales, religiosas y hasta filosóficas. Este veto parental tiene como fundamento el derecho preferente de los padres en la educación moral y religiosa de sus hijos. No obstante, tiene como límites los propios derechos y libertades fundamentales de niños y adolescentes. La educación sexual integral tiene por objetivo la adquisición de información precisa, neutral, plural y objetiva, basada en evidencia científica, apropiada para la edad y madurez sobre la sexualidad. El contenido de la educación sexual también comprende aspectos directamente relacionados con principios, valores democráticos y derechos fundamentales consagrados en la Constitución, esenciales para la convivencia pacífica y responsable en sociedad. El Estado en cumplimiento de su deber de neutralidad en la educación debe garantizar que los contenidos y la forma en que se imparta la educación sexual integral cumpla con las características de neutralidad, objetividad, pluralidad y no adoctrinamiento.
La tutela penal de los/las menores y/o adolescentes frente a las agresiones sexuales: consideraciones en torno al bien jurídico protegido en el contexto sociohistórico actual
En los últimos años, los delitos de agresión sexual han generado estupor en la sociedad, sentimiento que, junto a la crispación, se ha trasladado a la clase política, así como al legislador y a los operadores jurídicos. Las agresiones sexuales pueden cometerse no solo físicamente, sino también a través de medios telemáticos de diversa índole. Algunas de ellas afectan a un colectivo especialmente vulnerable: los/las menores y/o adolescentes. El presente trabajo pretende realizar una aproximación etiológica transversal hacia la realidad para tratar de comprender las causas de que actualmente cometan crímenes que atentan contra la sexualidad de los/las menores y/o adolescentes de diversas formas, entre ellas las perpetradas personas muy próximas a las víctimas, por miembros de instituciones religiosas de honda raigambre e incluso de forma grupal, en «Manada». Partiendo de una casuística reciente muy documentada, se analizan algunos estudios nacionales e internacionales sobre la fenomenología de las agresiones sexuales y de los bienes jurídicos tutelados, que han evolucionado con los tiempos. Asimismo, se realiza una exégesis de los bienes jurídicos que se lesionan cuando se producen agresiones sexuales contra menores y/o adolescentes en un contexto en el que la inmediatez, la falta de reflexiones meditadas y la propia convulsión de nuestro tiempo e reflexiones desde varias ramas del saber.
Metaverso: reflexiones críticas sobre la regulación y desarrollo del Derecho en entornos virtuales
Una de las características más relevantes del ser humano es, sin duda, su imaginación. Hemos sido capaces de superar nuestras carencias físicas a través de nuestra prodigiosa mente. No somos el animal más fuerte, no poseemos una poderosa mandíbula, no tenemos alas que nos permitan volar y tampoco tenemos branquias que nos permitan la subsistencia debajo del agua. Sin embargo, gracias a nuestra imaginación surcamos el aire, el mar y hemos sido capaces de poblar el planeta, incluso en sus territorios más inhóspitos. Aun hemos creado un género, la ciencia ficción, que nos transporta a mundos fantásticos y sugerentes en los que el ser humano convive con inventos prodigiosos, robots o incluso cíborgs. Sin embargo, en el siglo XXI cada vez hay más ciencia y menos ficción. Lo que antes eran ensoñaciones de novelistas y directores de cine, hoy día ya es una realidad que avanza a pasos agigantados. El presente trabajo analiza una de esas ensoñaciones. En 1992 surgió el concepto de metaverso para apoyar la ficción de un novelista. En 2023, el concepto de metaverso ha penetrado en la sociedad como un concepto que es real y que, además, es posible. Este estudio pretende analizar si el metaverso puede ser un lugar regulado o un lugar sin regulación. La pregunta nuclear sobre la que gira el artículo es la siguiente: ¿puede existir el Derecho en el metaverso? Para ello, analizaremos el concepto de metaverso y lo distinguiremos de algunas tecnologías actualmente existentes que pueden ser confundidas con el metaverso. También analizaremos el concepto de Derecho y realizaremos una sencilla catalogación de sus sectores para tratar de explicar que, aunque el Derecho es algo unitario, eso no implica que no pueda ser categorizado. Para finalizar, reflexionaremos sobre cómo será o podrá ser el Derecho dentro del metaverso.
Garantismo: funciones e instituciones de garantía en Luigi Ferrajoli
Este texto es un ensayo de aproximación al garantismo de Luigi Ferrajoli. Para él, los derechos fundamentales existen por su consagración constitucional, que obliga al legislador ordinario a dotarlos de las garantías imprescindibles para su efectividad práctica. Cuidar de esta, en el Estado constitucional es la función propia de las instituciones de garantía; una función históricamente descuidada, llamada en este nuevo contexto a cumplir un papel de primer orden: la gestión y la tutela del área de lo políticamente indecidible, como sustraída a la discrecionalidad de la política.
funciones de gobierno y funciones de garantía
Teología política y Naciones Unidas. A propósito de Por una Constitución de la Tierra. La humanidad en la encrucijada de Luigi Ferrajoli
El propósito de este artículo es analizar el diagnóstico sobre la crisis global del planeta que Luigi Ferrajoli lleva a cabo en su obra Por una Constitución de la Tierra y, muy especialmente, exponer las soluciones que propone el autor. Su apuesta por el constitucionalismo global requiere reflexionar sobre la política internacional y el papel de las Naciones Unidas y, específicamente, el del Consejo de Seguridad, pues es ahí donde se escenifica la problemática teológico-política que lastra la institución: la anteposición de los intereses políticos de las potencias a los derechos fundamentales de la Carta. Esta primacía de la política sobre el Derecho que critica Ferrajoli permite contraponer sus tesis a las de uno de los más conocidos defensores del decisionismo y la teología política, Carl Schmitt. La comparación entre las visiones de estos dos autores es crucial para comprender las consecuencias teóricas de entender el constitucionalismo desde la identidad y el agonismo —tal es el caso de Schmitt— o desde el pluralismo y los derechos, como propone Ferrajoli, que pretende superar el escepticismo y la desafección hacia las Naciones Unidas subrayando que únicamente mediante la instauración de un sistema de garantías idóneo podrá superarse el estancamiento de la organización y dar solución a muchas de las problemáticas geopolíticas del presente.
Bienes comunes: conceptos y discusiones a partir de Por una Constitución de la Tierra de Ferrajoli
La constitucionalización de los bienes fundamentales es una de las principales novedades teóricas que ofrece Luigi Ferrajoli en su libro Por una Constitución de la Tierra: La humanidad en la encrucijada (2022). Este artículo analiza la propuesta de regulación normativa realizada en el proyecto ferrajoliano, en el que los bienes comunes conforman una de las tres categorías de bienes fundamentales junto a los bienes sociales y a los bienes personalísimos. Por un lado, el estudio lleva a cabo una crítica interna orientada a contrastar aquellas novedades teóricas con el tratamiento que reciben los bienes comunes en otros lugares de la obra de Ferrajoli. Por otro lado, se esboza una crítica externa que trata de poner la propuesta ferrajoliana en diálogo con las llamadas teorías benecomunistas.
¿Límites en el universalismo garantista de la constitución de la tierra? Una modesta nota crítica
Tras señalar los principales rasgos positivos de la propuesta doctrinal y normativa formulada por Ferrajoli en su ensayo, el autor destaca su coincidencia en la crítica a los instrumentos jurídicos de las políticas migratorias como las puestas en práctica por la mayoría de los gobiernos de la UE por su incoherencia con elementos básicos del Derecho internacional de los derechos humanos. A partir de esa constatación, el autor critica la formulación del derecho a la movilidad en el proyecto normativo de Constitución de la Tierra porque, a su juicio, no garantiza suficientemente los derechos básicos de los inmigrantes y los refugiados.