(untitled) (Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, 2020)
El legislador español ha adoptado en materia de política de drogas un modelo netamente prohibicionista, que se caracteriza por su dureza represiva. En los últimos años este modelo se ha completado con una política de reducción de daños asociados al consumo. Este modelo integrado se ha mostrado ineficaz en la erradicación o disminución del tráfico y del consumo de drogas ilegales y ha tenido un efecto colateral de sobrecargar el sistema judicial penal. La interpretación restrictiva del marco legal realizada por la jurisprudencia y la doctrina ha permitido abrir ciertos ámbitos de impunidad que han posibilitado la realización de iniciativas dirigidas a reducir los daños de los consumidores. Pero esta vía presenta ciertas dificultades en la práctica. El autor opta por otro modelo de control social de las drogas que no se centra en la represión y persecución penal, como única forma de que se puedan hacer realidad los objetivos de la reducción de daños