(untitled) (Teoría & Derecho. Revista de pensamiento jurídico, 2020)
En el presente trabajo se parte de la distinción entre principios “necesarios” o “jurídico-naturales” y los “técnicojurídicos”, incardinándose entre estos los determinantes de la posición y del papel del tribunal y de las partes. Tras la necesaria iniciación del proceso por quien requiere una tutela jurisdiccional, los roles de las partes y del juez pueden fi jarse de diferente manera, sin afectar al poder de disposición de los sujetos jurídicos. Las posibles opciones no obedecen necesariamente a postulados políticos o ideológicos, lo que no signifi ca que no pueda haber o no haya habido disposiciones legales de inspiración ideológica. El papel del juez, en relación con el de las partes, depende de muchos factores, entre los que se encuentra la cuestión de si una sociedad acostumbra a recurrir a los abogados sólo para muy pocos asuntos o es habitual que intervengan en la mayoría de ellos. A esos factores han de añadirse otros complementarios, como el hecho de que las naciones no son iguales en cultura judicial, o la mayor o menor utilidad social, en cada país, del arbitraje y de los mecanismos alternativos al proceso judicial para cuestiones litigiosas menores. Por lo tanto, la solución que se adopte está sometida a unas coordenadas de espacio y tiempo determinadas. Lo que una sincera búsqueda de la verdad exige en todo proceso y, más en concreto, en los procesos civiles, es un método serio para que el juez esté en condiciones de juzgar sobre los hechos relevantes, en orden a dictar sentencia. Y por “método serio” se debe entender un conjunto de reglas que racionalmente permitan considerar ciertos, a efectos procesales, los hechos relevantes del caso. En los procesos civiles, salvo los supuestos en que esté implicado un interés general o público, lo prudente y razonable es que sean las partes las protagonistas del esfuerzo de alegar y probar, puesto que son sus bienes jurídicos los que están en tela de juicio y resulta utópico y poco prudente gravar a los tribunales de justicia con una carga superior a la de dirigir bien el proceso y dictar una sentencia motivada y justa.